Los países europeos a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), desde hace más de medio siglo intentan controlar la contaminación de las aguas de ríos y afluentes, aplicando tasas e impuestos. Estos se basan en el principio fundamental de que quien más contamina, más paga. La intención de su aplicación es influir en la toma de decisiones y la conducta de los agentes contaminantes, de manera tal que el resultado sea más saludable para el medio ambiente; evidenciándose con el tiempo que la calidad del agua ha mejorado, así como también han reducido los niveles de contaminación.