Abstract:
En el Ecuador, el tema de crédito rural ha sido incorporado al proceso de
reflexión y posterior diseño y ejecución de iniciativas de desarrollo rural
desde hace casi 50 años. En efecto desde los años 50 y hasta de los 80, la
política financiera del sector rural y agrícola estaba prevista, al menos en el
discurso oficial al desarrollo, por el sistema público (Banco Nacional de
Fomento). Esta iniciativa pública también estuvo acompañada por
organismos privados de desarrollo (ONGs, Cooperativas de Ahorro y Crédito)
organismos internacionales (Misión Andina, el BID, el Banco Mundial)
El crédito de fomento (subsidiado) fue concebido como un insumo productivo
que articulado a la asistencia técnica produciría incrementos sustantivos en
productividad, ingresos y hasta empleo.
Solamente a finales de los año 80, en un contexto en que la oferta financiera
destinada a economías locales (sector rural) es deficitaria, se replantea los
criterios paternalistas de desarrollo y se propone alternativas novedosas,
como la de las Microfinanzas.
Esta nueva concepción requería de instituciones especializadas que
reconozcan las oportunidades de las economías de pequeña escala capaces
de generar excedentes, que manejen un sistema financiero integrado y
eficiente, cuyos resultados sean la rentabilidad y sostenibilidad del proceso.
El fortalecimiento de un sistema financiero alternativo -Microcrédito-, ha
exigido a las diferentes entidades y organizaciones que realizan
intermediación financiera, trabajar con criterios de rentabilidad, sostenibilidad
y eficacia, con la finalidad de garantizar un servicio permanente y de calidad.
